Comprometida con el retorno seguro y efectivo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a los colegios del país, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a alcaldes y gobernadores a fortalecer sus capacidades técnicas para garantizar la prestación de los servicios educativos de manera presencial.

La Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, Viviana Mora Verbel, advirtió que el retorno a los colegios no debe postergarse, teniendo en cuenta las consecuencias negativas que se generan en más de 10 millones de niños y niñas inscritos en el sistema escolar.

“Garantizar el retorno seguro a la presencialidad de las instituciones educativas y en los servicios de primera infancia del ICBF es una prioridad nacional y plantea para toda la institucionalidad del país en los tres niveles de gobierno, la exigencia ineludible de revisar la situación actual de los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes de nuestro país, y los retos que demanda lograr su efectividad en cada territorio”, indicó el ente de control en carta enviada a alcaldes y gobernadores.

La Procuraduría convocó a los mandatarios territoriales y a sus equipos de trabajo a participar, mañana 9 de septiembre a partir de las 8:00 a. m., en el proceso de asistencia técnica organizado por el Ministerio de Educación Nacional para el fortalecimiento de sus capacidades locales para garantizar el retorno seguro a la presencialidad de niños y niñas en todo el territorio colombiano.

El órgano de control hizo extensiva la invitación a los rectores de instituciones educativas públicas y privadas, operadores de los servicios de primera infancia del ICBF y a la ciudadanía en general.

Esta iniciativa hace parte del plan de acción 2021 desarrollado por la estrategia Hechos y Derechos, integrada por la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Federación Nacional de Departamentos (FND), las consejerías Presidencial para la Juventud y para la Niñez y la Adolescencia; el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).